Los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que, de esa forma, el docente infundía un temor generalizado entre el alumnado, que se fue consolidando con el paso del tiempo, y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes para que entregaran dinero. 

Según los fiscales, “aquellos que no concurrían a la academia corrían un alto riesgo de ser aplazados de manera sistemática y arbitraria, quedando expuestos a preguntas que no correspondían al programa; preguntas formuladas de manera inentendible, contenidos brindados en clases ni que pudieran ser ubicados en los libros de estudio”.

En la acusación, precisaron que, desde el año 2000 hasta el 2016, la pseudo academia a cargo de CASALIS funcionaba bajo el nombre de APOYO ODONTOLÓGICO CÓRDOBA (AOC). Bajo la apariencia de un centro de enseñanza, el contenido de las clases era brindado por CASALIS, que no era profesional médico, tenía limitado conocimiento, y le brindaba a los alumnos el material que luego OLMEDO tomaría en los exámenes. Abonado el supuesto curso, se le entregaba a los alumnos un “apunte” tomando recaudos para evitar que fuera compartido con otros compañeros que no concurrían a la academia: el material se imprimía en hojas oscuras para que no pudiera ser fotocopiado, se numeraba cada copia para identificar a qué alumno pertenecía cada ejemplar, e incluso amenazaba a los alumnos con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más Microbiología. Este fue el caso de uno de los denunciantes, a quien OLMEDO habría aplazado seis veces como represalia por prestar el apunte a un compañero que no podía pagarlo. 

En el requerimiento de elevación a juicio se explica que en las clases a cargo de CASALIS no se brindaba ningún tipo de enseñanza profunda, sino que se limitaban a leer los apuntes y alertar de lo que iban a ser examinados. Se les indicaba a los alumnos qué debían subrayar en función de lo que luego OLMEDO les tomaría en los exámenes, y también se les hacía corregir a mano el apunte, que estaba redactado de forma incorrecta adrede para que, en caso de ser compartido por alguien que no pudiera pagar el curso, quien lo estudie se presente a rendir, sea detectado y aplazado. 

También se indicaba qué preguntas se tomarían al momento de ser evaluados, y se les señalaba a los alumnos que al momento de ser evaluados en una determinada bolilla incluyeran de memoria una frase del apunte, así OLMEDO tomaba conocimiento de quiénes habían concurrido a su academia. También se alertaba a los alumnos para que no se presentasen en mesas de exámenes cuando la facultad había ordenado incorporar veedores. 

De acuerdo a Hairabedian y Aramayo, para lograr su cometido Olmedo incumplía con el deber de todo docente de evaluar a todos los alumnos de acuerdo al programa de la materia, “toda vez que aquellos que no habían concurrido a la academia corrían un alto riesgo de ser aplazados de manera sistemática y arbitraria, quedando expuestos a preguntas que no correspondían al programa; preguntas formuladas de manera inentendible, contenidos brindados en clases ni que pudieran ser ubicados en los libros de estudio”.

Esta operativa continuó hasta algún momento entre 2015 y 2016, cuando Olmedo y Casalis se distanciaron, y la pantalla de la academia se mudó al barrio Nueva Córdoba, donde Augusto Massimino se hizo cargo hasta septiembre de 2020. El esquema se repitió.

Desde la acusación se señala que hubo casos en que la resistencia al pago del dinero exigido frustró la vocación y deseos de varios alumnos y alumnas, que abandonaron la carrera al no poder aprobar su materia. 

Además, explica la acusación que Olmedo infundía temor en sus estudiantes, principalmente a las mujeres, con quienes tenía un trato misógino, pues no sólo demostraba su autoritarismo mediante el sistema de la academia, sino también con “su forma incorrecta y maleducada de dar las clases, en la que maltrataba a sus alumnos con gritos, menosprecios y frases agraviantes, denigrantes o humillantes, logrando en muchas ocasiones consecuencias atemorizantes, angustiantes y estresantes”. 

Los fisclaes también acusaron a Mirta Spadiliero de Lutri, decana de la FOUNC, por no haber ejecutado la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias. Para la fiscalía, los actos señalados a Olmedo no sólo eran de público conocimiento en la facultad, sino que además habían sido informados institucionalmente en más de una oportunidad. 

De acuerdo al requerimiento, Spadiliero de Luni “intencional e ilegalmente incumplió el deber de iniciar una información sumaria o sumario administrativo al mencionado titular por las presuntas inconductas ya referidas, como así también un historial de maltrato a alumnos y docentes, discriminación a mujeres, arbitrariedad en la evaluación con criterios ajenos al mérito y el rendimiento académico”. 

Otra parte de la causa, relacionada con un presunto lavado de dinero, continúa en proceso de investigación sobre el destino de las ganancias obtenidas en la «academia» durante todos estos años. 

Fuente: www.fiscales.gob.ar